El gobierno argentino estableció nuevas reglas que le permitirán cobrar impuestos sobre las transacciones con criptomonedas.
De acuerdo con lo reseñado por es.cointelegrah, las operaciones criptográficas ahora serán abarcadas por lo que se conoce en ese país como “impuesto al cheque”, enmarcado dentro de la denominada Ley de Competitividad.
Según decrypt, a través del decreto 796/2021, que tiene como objetivo aclarar y limitar las exenciones fiscales otorgadas a proveedores de servicios de pagos externos, se confirmó que las operaciones con criptomonedas serán consideradas una actividad imponible en ese país.
Cabe destacar que hasta ahora, este tipo de transacciones estaban exentas del pago de impuestos y se trataban como transacciones en efectivo.
El decreto señala: “Las exenciones previstas en este decreto y en otras normativas de similar naturaleza no serán de aplicación en aquellos casos en que los movimientos de fondos estén vinculados a la compra, venta, permuta, intermediación y/o cualquier otra operación sobre criptoactivos, criptomonedas, monedas digitales, o instrumentos similares…”.
El gobierno de la nación suramericana argumenta la nueva disposición sobre la base del nuevo marco del Banco Central, que establece un nuevo sistema nacional de pagos, impulsado por el aumento de las transacciones digitales que provocó la pandemia.
Es importante señalar que como lo informó es.cointelegrpah, la noticia fue inesperada para la Cámara Argentina de Fintech. La cual afirmó mediante un comunicado que “la norma tendrá un impacto inmediato sobre las operaciones formales”.
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El documento explica que la medida contribuirá a que el Estado pierda la visibilidad de las transacciones, “que no disminuirán en cantidad ni en volumen, considerando el auge en el que se encuentran a nivel global”.
Además señalaron que la medida afectará las operaciones de una actividad que se encuentra en desarrollo a nivel global, y que además “aporta crecimiento, innovación, dinamismo, inclusión y generación de empleo”.
Para el abogado Lautaro Varea, el decreto “parece ser otro intento de recaudación gubernamental” y considera que su constitucionalidad será objeto de un intenso debate en el desarrollo del ecosistema cripto argentino.
